La Autoridad Holandesa de Protección de Datos ha impuesto a Uber una multa de 825 millones de euros (unos 966 millones de dólares), la segunda sanción más elevada hasta la fecha bajo el Reglamento General de Protección de Datos europeo, según Reuters. El regulador holandés investigaba denuncias de que la compañía había desactivado cuentas de conductores mediante procesos automatizados sin advertencia suficiente ni supervisión humana adecuada.
En un comunicado, la vicepresidenta del organismo Monique Verdier afirmó que Uber había «cometido infracciones graves». «Un ordenador no debería tomar decisiones por sí mismo que tengan consecuencias tan importantes», declaró Verdier, según informó TechCrunch.
Uber anuncia recurso y rechaza las acusaciones
Uber, sin embargo, sostiene que la mayoría de las suspensiones de conductores son breves, que ninguna desactivación permanente ocurre sin revisión humana y que los conductores disponen de vías de apelación. Los reguladores holandeses afirmaron que algunos conductores fueron desactivados permanentemente sin revisión humana, extremo que la empresa rechaza. Al igual que Oura en otro caso reciente, Uber anunció que recurrirá la decisión. Un portavoz declaró a Reuters: «Estamos totalmente en desacuerdo con esta decisión y con una multa desproporcionada».
Brahim Ben Ali, exconductor de Uber en Francia, contó al diario holandés de Volkskrant que tras la desactivación de su cuenta en 2019, recopiló testimonios de 171 conductores más y finalmente presentó su denuncia en los Países Bajos, sede de la central europea de Uber. Ben Ali recibió asistencia de PersonalData.io, una organización suiza sin ánimo de lucro centrada en derechos digitales, que ayudó a los conductores a reunir datos sobre cómo se tomaban las decisiones de desactivación.
Tercera multa consecutiva en los Países Bajos
Paul-Olivier Dehaye, fundador de PersonalData.io, explicó que un conductor «puede completar mil viajes con pasajeros satisfechos, pero si una sola persona informa de un problema muy grave, las consecuencias pueden ser enormes». Dehaye indicó que esta es la tercera multa que el regulador holandés impone a Uber, tras una sanción de 290 millones de euros por el manejo de datos personales de conductores y otra de 10 millones por cuestiones relacionadas. Todas estas multas, señaló, se originaron con denuncias del mismo grupo de conductores.
Dehaye también anunció planes para iniciar una demanda colectiva mediante la cual los conductores puedan reclamar compensaciones. Para ello ha fundado una nueva empresa llamada StartClaims, destinada a respaldar litigios y acciones regulatorias, primero contra Uber y después expandiéndose a otros casos de la economía gig y áreas relacionadas como la publicidad tecnológica.
Debate sobre automatización y responsabilidad
El caso ha generado debate en la industria tecnológica. John Gruber, de Daring Fireball, cuestionó si la multa hace «ilegal en la UE que Uber vigile a sus conductores para detectar estafas contra clientes o incumplimientos». Gruber argumentó que decir que «un ordenador» tomó estas decisiones es como afirmar que «el reloj fichador» despide a un empleado habitualmente impuntual, cuando en realidad son las políticas empresariales las que establecen las normas.
Dehaye respondió que Gruber «no entiende el punto»: «Uber es libre de usar humanos para sancionar a conductores que estafan, pero entonces tiene que asumir responsabilidad por esta toma de decisiones (como ‘ser un empleador’, no ‘ser un marketplace’)», declaró al medio estadounidense.
